Sudáfrica recientemente reveló planes ambiciosos para integrar pagos digitales y criptomonedas en su infraestructura financiera con el fin de estimular el crecimiento económico, especialmente para las comunidades desatendidas. El enfoque del gobierno, detallado en el presupuesto de 2024, destaca la colaboración entre los sectores público y privado para fomentar la innovación financiera.
El objetivo principal es mejorar el acceso a soluciones de pagos digitales para los residentes en townships y áreas rurales, que predominantemente dependen de transacciones en efectivo. Esta iniciativa implicará proporcionar a los comerciantes locales las herramientas necesarias, como conectividad a internet y sistemas de punto de venta, para facilitar las transacciones digitales.
En un esfuerzo por adoptar la creciente popularidad de las criptomonedas, Sudáfrica tiene como objetivo formalizar los pagos en cripto e incorporarlos en la economía local. La decisión del país de reconocer las criptomonedas como producto financiero oficial en 2022 marcó un hito importante, comparándolas con activos tradicionales como acciones de empresas o deudas.
El Grupo de Trabajo Fintech Intergubernamental (IFWG) tiene previsto publicar directrices integrales en 2024, centrándose en «stablecoins» y sus aplicaciones prácticas. Al establecer un marco regulatorio para el sector de criptomonedas, Sudáfrica espera alinear sus políticas con estándares globales y promover la estabilidad financiera.
El Banco Central de Sudáfrica ha estado explorando la posibilidad de emitir una moneda digital de banco central (CBDC) para mejorar la inclusión financiera y agilizar los procesos de pago. Aunque el progreso en esta área sigue siendo lento, los esfuerzos colaborativos entre el Tesoro Nacional, el Banco de la Reserva y socios internacionales están impulsando la innovación en pagos digitales.
Al abrazar los pagos digitales y las criptomonedas, Sudáfrica se posiciona como pionero en la digitalización financiera e inclusión. El enfoque progresivo del gobierno prioriza la protección del consumidor y la integridad financiera, asegurando que la innovación beneficie a la sociedad en su conjunto.
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