Desarrollos recientes en el gobierno de Estados Unidos han generado preocupaciones dentro de la industria de la minería de Bitcoin. El líder de la mayoría de la Cámara, Tom Emmer, ha expresado su oposición a los esfuerzos del gobierno para recolectar datos, afirmando que estas acciones no están justificadas. Emmer señaló en una carta a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) la aprobación de una solicitud de la Administración de Información Energética (EIA) para un régimen obligatorio de recolección de información sobre las empresas de minería de Bitcoin.
La falta de un período de comentarios para esta aprobación plantea dudas sobre la necesidad de recopilar datos sobre estas empresas. Emmer negó firmemente la existencia de cualquier daño público causado por la minería de Bitcoin. Enfatizó que las empresas de minería de Bitcoin desempeñan un papel crucial en la red de Bitcoin y encarnan los valores estadounidenses. La orientación del gobierno hacia los mineros de Bitcoin bajo el pretexto de la seguridad pública es vista como un abuso de poderes de emergencia.
Emmer vinculó la política de recolección de información al liderazgo del presidente Joe Biden, sugiriendo que se alinea con la postura de la administración sobre el consumo de energía. Esta aplicación de políticas regresivas contra la industria de las criptomonedas se percibe como discriminatoria y políticamente motivada. La preocupación de la Administración de Información de Energía sobre el aumento potencial en la actividad de minería de Bitcoin y su impacto en el consumo de energía durante condiciones climáticas extremas es criticada por Emmer.
Él argumenta que las operaciones mineras pueden ajustarse para gestionar de manera efectiva el consumo de energía. Los esfuerzos amplios de recolección de datos que apuntan a 82 empresas de minería de criptografía se perciben como una forma de imponer políticas climáticas del alcance 3 más allá de las propias operaciones de las empresas. Las empresas que no cumplan con la solicitud de datos enfrentan multas significativas, incluyendo multas diarias de hasta $10,000. La presión sobre las empresas para proporcionar información detallada de manera mensual hasta que finalice el período de la encuesta en julio plantea inquietudes sobre el impacto en las operaciones comerciales. Las acciones del gobierno en relación con la recolección de datos sobre las empresas de minería de Bitcoin están siendo examinadas por representantes de la industria como Tom Emmer. Las implicaciones potenciales de estos esfuerzos en las operaciones de la industria, así como las agendas políticas y ambientales más amplias en juego, merecen una mayor examinación y debate.
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